Autor:
Edwin Román Pajuelo Pérez (*)
Tres son las reformas más urgentes que requieren la atención inmediata del Estado para impulsar el gran cambio social que beneficiará a todos los peruanos, especialmente a los más pobres: inclusión social, seguridad ciudadana y lucha eficaz contra la corrupción.
Estos puntos prioritarios de la agenda del gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso necesitan ineludiblemente de una eficaz coordinación y articulación entre los poderes del Estado, los gobiernos regionales, municipalidades y de la sociedad civil en su conjunto.
Por un lado, se tiene que preservar y respetar la autonomía e independencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como del Ministerio Público, como fundamento y razón de ser del Estado de Derecho y de la estabilidad democrática.
Pero también es cierto que la institucionalidad del Estado debe estar al servicio de los grandes intereses de la Nación y, para que esto ocurra con oportunidad y coherencia, se tiene que actualizar puntos fundamentales de nuestra legislación que han devenido en caducidad y establecer mecanismos de coordinación para la aplicación de las nuevas medidas.
Impulsar estos cambios profundos y necesarios no se contrapone en modo alguno con el desarrollo disciplinado de la política económica, los planes de inversión privada y estatal y la búsqueda de altos niveles de productividad y competitividad en el marco de un desarrollo sostenible e inclusivo.
Atendiendo estas necesidades perentorias se prepara en el Congreso de la República un conjunto de proyectos de ley sobre las citadas reformas que forman parte esencial de la Hoja de Ruta planteada por el gobierno del presidente Humala en un marco de concertación plena con las fuerzas políticas y productivas del país.
Hay que tener presente que es mediante la inclusión social, seguridad ciudadana y política anticorrupción que el Gobierno busca garantizar un desarrollo sano y más equitativo para todos los peruanos.
Tal como lo ha señalado la Defensoría del Pueblo, el Perú está dando "pasos concretos" para definir una "política efectiva y articulada" en materia de seguridad ciudadana y que es necesario fortalecer una relación directa entre comisarías, municipios, Poder Judicial y Ministerio Público.
Este mismo grado de coordinación también se necesitará entre diversos sectores involucrados en el campo de la inclusión social y la lucha contra la corrupción.
Es necesario resaltar, por otra parte, que tanto en el Congreso de la República, el Poder Judicial y otros sectores representativos del país existe un positivo clima de consenso para respaldar las medidas orientadas a mejorar la calidad de vida y las oportunidades de nuestra población más pobre, frenar la corrupción en la administración pública y garantizar la seguridad de la población.
(*) Abogado – Político Socialista.
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