Autor:
Francisco Miró Quezada Rada (*)
Algunos representantes del Gobierno han hecho recientemente declaraciones que, si bien no contradicen necesariamente lo señalado por el presidente Ollanta Humala durante la campaña –en torno a su compromiso de respetar las libertades de expresión y prensa–, ameritan por lo menos una aclaración por parte del nuevo régimen, sobre las relaciones que mantendrá con el periodismo local.
El presidente del Congreso, Daniel Abugattas, ha expresado en entrevista que detesta a la prensa y que, en su opinión, el pueblo también. Además, no ha descartado que el Parlamento vuelva a prohibir el acceso de los periodistas al hemiciclo, como sucedió durante la última sesión reservada por el caso de Martha Chávez, si debe evitar la difusión de escándalos congresales que desprestigian la imagen del Legislativo. De manera gráfica señaló: “Pongámoslo en términos de fútbol, eres un jugador más, pero estás sentado en la banca. Con ustedes no puedo ganar el partido. No dejaré de ser amigo de la prensa, pero tengo objetivos mayores que cumplir”.
Coincidimos en que respetos guardan respetos. Sin duda, la prensa tiene que cumplir sus funciones, lo cual implica informar según los principios, valores y reglas periodísticas que impone la profesión. Eso significa renunciar a ser caja de resonancia de cualquier personaje interesado en manipular a los periodistas y llevar agua para su molino. Pero también es cierto que, más allá de la difusión de los escándalos que suelen protagonizar algunos parlamentarios, no debería sancionarse al mensajero sino al responsable del desorden, es decir, a ciertos congresistas impresentables.
Consideramos que, así como no se puede generalizar y aseverar que los 130 parlamentarios son unos galifardos, tampoco es justo concluir que el pueblo en general detesta a la prensa. Ha quedado claro que el presidente del Congreso sí la detesta y seguramente tiene razones para ello, aunque debería aclarar a qué medios se refiere. Finalmente, la labor de la prensa –en un país como el nuestro– solo es de control ciudadano, uno de los fundamentos de la democracia.
En este contexto, también ha llamado la atención que el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, pida al Gabinete eximirse de comentar públicamente asuntos que no tengan que ver con sus respectivas carteras; modus operandi que no tiene precedente conocido. Dicha convocatoria se ajusta a lo señalado en la Constitución Política (art. 123, inciso 1) cuando señala que después del presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno es el primer ministro. Pero el país espera que la prohibición no cercene el derecho de los peruanos a conocer qué hacen sus autoridades. Recordemos que nuestra Carta Magna también confiere a los ciudadanos –y no solo a los periodistas– el derecho a informar y a recibir información pública.
En los últimos cinco años, la transparencia no fue una prioridad para el aprismo; lo demuestran los aún desactualizados portales web oficiales. El gobierno actual no debe seguir esa ruta. Cuanto más transparente sea su gestión, mayor será su presencia en un país con derecho a fiscalizar la labor de sus gobernantes.
(*) Periodista
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