Autores:
Luis García / Pamela Sandoval (*)
¿Corrupción o ineptitud de las autoridades? En los últimos 8 meses varios cabecillas de bandas han vuelto a las calles y siguen delinquiendo. La OCMA investiga a 26 magistrados por irregularidades en sus resoluciones. Ministerio del Interior buscará que las comisarías cuenten con mejores equipos. Congreso forma un grupo de trabajo que propondrá leyes para enfrentar el crimen.
Por los canales de inteligencia y no de manera formal, la Policía Nacional ha tomado nota de que 17 delincuentes de alta peligrosidad y con amplio prontuario volvieron a las calles en los últimos ocho meses, excarcelados por el Poder Judicial.
Según fuentes de la policía, estos sujetos lideran peligrosas bandas como la que disparó contra la niña Ariana, hija del congresista Renzo Reggiardo, que ayer regresó a su domicilio [Ver: Ariana dejó clínica una semana después de haber sido baleada y son las que generan el clima de violencia e inseguridad en Lima.
Se informó que no existe coordinación ni comunicación formal entre el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la propia policía para dar a conocer quiénes son los hampones que entran y salen de prisión. Pese a ello, la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) ha detectado por sus canales de inteligencia estos 17 casos de cabecillas de bandas de ‘marcas’, ‘raqueteros’, de asaltos a mano armada y de robo de domicilios. Entre ellos está Jonathan Moreyra Sáenz (a) ‘Mara Mara’, un sujeto que cobra cupos en construcción civil en el cono norte y que asesinó a dos policías en un asalto.
También mató a un vecino de San Martín de Porres por haberle quitado a su novia cuando estuvo en prisión. Otro caso es el de Luis Alberto Escate Marín (a) ‘Gokú’, un maleante que dirigía una banda de ‘marcas’ y cometía sus robos en la Av. Javier Prado. Además mató a un empresario en San Borja (Lima). En ese sentido, la División de Robos de la Dirincri ha dispuesto la búsqueda de estos sujetos por parte de 250 agentes que forman sus 22 grupos de investigación en Lima.
Voceros del Ministerio Público precisaron estar al tanto de esta situación y lamentaron que todo el esfuerzo de la policía al buscar y detener a estos pistoleros, así como la labor de los fiscales para reunir las pruebas y solicitar las máximas sanciones, caiga en saco roto conforme avanzan los procesos judiciales. Ayer se buscó la opinión del jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Enrique Mendoza, pero no contestó.
CARENCIA DE LOGÍSTICA
Luego de afirmar que la seguridad ciudadana es un compromiso de todos los peruanos, el ministro del Interior, Óscar Valdés Dancuart, anunció ayer una reforma y reingeniería de la Policía Nacional.
“Hay que hacerla más eficiente pero también dotarla de pertrechos y herramientas tecnológicas para su labor”, anunció al tiempo que destacó que habrá un equipamiento porque “el crimen organizado tecnológicamente está avanzado, con equipos de última generación en comunicaciones e informática”.
Este proceso de cambio se hará “desde adentro, con gente que conoce el sector”, dijo Valdés durante la ceremonia por el aniversario 27 de la Dirincri.
Respecto de esta carencia de recursos logísticos, agentes consultados por este Diario señalaron que no hay vehículos ni dinero para el pago de informantes, carecen de computadoras y no les dan gasolina cuando emplean sus propios automóviles para las diligencias.
ACTUAL LEGISLACIÓN ES UNA COLADERA PARA QUE DELINCUENTES SEAN LIBERADOS
El parlamentario Luis Iberico se mostró de acuerdo en que se eliminen los beneficios penitenciarios para mejorar los índices de seguridad ciudadana, y además propuso que la actual legislación que norma este aspecto sea modificada.
“Los congresistas tendremos como meta trabajar para mejorar la seguridad ciudadana en el país, revisando la legislación con la que actualmente se cuenta, pues es muy flexible y una coladera para que los delincuentes se escapen apenas son capturados”, mencionó.
Asimismo, el congresista informó que en lo que va del año en Trujillo se ha capturado a cerca de 400 personas por tenencia ilegal de armas. “Pero menos de 25 se encuentran en prisión. El código penal tiene muchos vacíos, unos cuantos meses y los delincuentes ya están en prisión”, agregó.
(*) Periodistas
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