Hace unos días se ha cumplido una jornada histórica en nuestro país. Después de muchas décadas en que se hicieron tantos ensayos e intentos frustrados por combatir la delincuencia y la criminalidad en nuestro país, el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, ha iniciado acciones concretas y multisectoriales para enfrentar a este flagelo social.
Hay que resaltar que con esta demostración de capacidad de respuesta rápida contra la escalada de crímenes y delitos que afecta, sobre todo, a nuestras ciudades, el Jefe del Estado está cumpliendo en tiempo récord, antes de llegar a un mes de gestión, la aplicación de una nueva estrategia integral con claro liderazgo y convocando a todos los estamentos de nuestra sociedad, incluyendo a la empresa privada, los bancos y la población en su conjunto.
Estamos, sin duda, frente a una nueva política y un enfoque diferente para abordar el reto de recuperar el liderazgo, rescatar el principio de autoridad, el imperio pleno de la ley y así devolver a nuestra población la seguridad y tranquilidad que necesita para construir su propio desarrollo y la prosperidad.
Al encabezar personalmente la conducción del instalado Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Política de Lucha contra la Criminalidad, el presidente Ollanta Humala Tasso asegura la presencia efectiva y permanente del Estado en lo que su gobierno considera una prioridad nacional.
A la vez, la composición de dicho consejo cuenta con el concurso directo de los titulares del Poder Judicial, Legislativo, Fiscalía y los ministerios involucrados en el diseño de estrategias y aplicación de las nuevas normas y medidas para luchar contra la delincuencia.
Pero no se trata solamente de conformar e instalar un órgano funcional del más alto nivel, sino, al mismo tiempo, de pasar a los hechos concretos, en una coyuntura indudablemente crítica a causa del accionar cada día más violento y aleve de las bandas criminales.
La primera acción de emergencia fue la decisión de cancelar el sistema laboral del "uno por uno" para asegurar la presencia efectiva de la mayor cantidad posible de policías en el resguardo cotidiano de los puntos más críticos de nuestras ciudades.
Pero el Gobierno considera que esa medida fue solamente el inicio. En la instalación del mencionado consejo, el presidente Humala anunció la creación de un Fondo para la Seguridad Ciudadana, que canalizará esfuerzos económicos del propio Estado y de las empresas privadas para mejorar el armamento, equipos de comunicaciones, uniformes y otras necesidades urgentes en el servicio policial.
Asimismo, esta nueva política integral de seguridad ciudadana necesita perentoriamente de la acción concreta de los otros poderes del Estado. El Congreso de la República tiene ahora en sus manos la tarea de emitir leyes con sanciones más drásticas, especialmente para quienes cometan delitos agravados con armas de fuego, peor aún si las víctimas resultan ser niños, para quienes "no debe haber ningún tipo de perdón", como bien lo ha expresado el presidente Humala.
En esta línea de acción, en los jueces y fiscales del país también recae la gran responsabilidad de aplicar las más drásticas sanciones a quienes atentan contra la sociedad.
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