DEBATE...Constitución de 1979 y Constitución de 1993

El diario La República convocó a destacados especialistas, tres de ellos parlamentarios, para analizar el estado de la discusión constitucional peruana e identificar las posibilidades y la profundidad de las reformas a la Carta vigente.

Los participantes en el debate coincidieron en proponer una reforma parcial y moderada del texto vigente, procesada en un plazo definido y luego de un debate amplio con el concurso de la sociedad.

Entre los asistentes no hubo consenso en introducir cambios en el capítulo económico, aunque la mayoría se inclinó por tratar temas como el del monopolio o el carácter subsidiario del Estado en materia empresarial.

Más acuerdo hubo en procesar cambios como la reinstalación del Senado, el fortalecimiento del papel de los partidos en el texto constitucional. También hubo consenso en que el período de cambios debe ser de unos dos años para evitar una mayor incertidumbre. Recibió también cierto consenso la realización de un debate de cara a la sociedad, por ejemplo por la vía de un Foro Constitucional.

En el debate participaron el ex presidente del Tribunal Constitucional y ex ministro de Justicia Víctor García Toma; el constitucionalista ex candidato de Fuerza 2011 Fernán Altuve; y los congresistas Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), Rosa Mavila (Gana Perú) y Alberto Beingolea (PPC). Al debate concurrió el director  Gustavo Mohme Seminario, el subdirector Carlos Castro. Fue moderado por el columnista de esta casa editora y abogado Juan De la Puente.

Gustavo Mohme Seminario: Lo que deseamos en esta nueva etapa de la República, del Perú y del diario también, es retornar a los debates que consideramos fundamentales. Sobre este tema de la reforma de la Carta Magna, algunas personas quieren desentenderse de ella en tanto que otras desean modificarla sustantivamente. Este es un tema jurídico pero ciertamente político y seriamente polémico. Nuestra idea es abrir un debate serio y mostrar las ideas al público, aunque este no sea, desde luego, un único debate. Le hemos pedido a Juan De la Puente moderar este debate.

Juan De la Puente: Les propongo mirar en una primera etapa el estado del debate de la reforma constitucional y en una segunda parte, si es posible, avanzar a debatir algunas de las propuestas. Daría la impresión de que se ha abierto un momento constitucional, no solo por lo que se discute ya; quizá ayude el juramento del presidente Ollanta Humala. Se habla de determinados cambios constitucionales, hay jurisprudencia en relación con el tema, señalado por el Tribunal Constitucional, y hay tratadistas como Víctor García Toma, aquí presentes, que anotan la teoría de los topes. De otro lado, de acuerdo a una encuesta de Ipsos Apoyo de abril de este año, un 37% sostiene que debe modificarse la Constitución, total o parcialmente por este Congreso; un 26% indica que debe convocarse una Asamblea Constituyente  y un 28% está en contra de toda modificación.

Víctor García Toma: Creo que habría que preguntar primero  si estamos ante la necesidad de un proceso de reforma constitucional, si es el tiempo histórico oportuno y, tercero, si quien promueve esta iniciativa tiene capacidad de consumarla en una obra constituyente. En particular no creo que sea necesario cambiar la Constitución, tampoco me parece conveniente retroceder a la de 1979 y sí, en un momento determinado, creo que es posible que se lleven a cabo algunas reformas muy puntuales. El que sea al inicio de un gobierno tiene dos aristas, la primera qué es lo que quiere el gobierno, si tiene una visión de largo plazo; pero, si lo que quiere es una obra de corto plazo, iniciar un debate constituyente le va a restar energías para la realización de un programa político y social. Por último, en este momento no veo a los operadores que puedan llegar al consenso habida cuenta que el fujimorismo tiene 37 legisladores  y, en consecuencia, todo proceso de reforma resultaría inviable.

De la Puente: Si se produjese, en qué clave debería ser una reforma.

García Toma: Reformar significa corregir las omisiones, vacíos e incoherencias del legislador constituyente y actualizar el texto que ya tuvo 27 reformas.  En lo jurídico, no se puede modificar la forma de Estado, de gobierno, el modelo económico,  ni se puede  afectar el contenido básico de los derechos fundamentales. No podemos dejar de ser un gobierno mixto, tampoco alterar las bases de una economía social de mercado.

Rosa Mavila: Voy a transmitir opiniones personales y no gubernamentales; en la bancada aún no hemos debatido el tema. En teoría constitucional ahora es más hegemónica la corriente neoconstitucionalista que aspira al ejercicio de los derechos constitucionales más que a una visión dogmática de los dispositivos. Entre los principios directrices entre la Carta del 79 y 93 casi no habría diferencias porque se trata de criterios rectores a largo plazo, pero lo que sí cambian son las reglamentaciones. La identidad de las leyes expresa la identidad de los pueblos. Por eso que un primer tema es que la Constitución no es un catecismo que no se puede tocar porque advierto que en algunos sectores del Congreso hay gente que pide que no se toque, sobre todo el régimen económico.

Carlos Castro: No hay entonces una renuncia al cambio.Mavila: Todas las reglas se pueden cambiar aunque  otro tema es la ausencia de una teoría constitucional propia como país. El debate debiera ser cómo avanzar en un proceso de constitucionalización de la vida pública del país. El profesor Luis Prieto Sanchís decía que se debía respetar las constituciones hechas por los abuelos porque tenían estructura de sentido. Nuestra percepción no es en un corto plazo una Asamblea Constituyente; nuestra prioridad es la transformación con inclusión social y eso no necesariamente pasa por una reforma constitucional; en algunos casos, puede pasar por ella.

Fernán Altuve: Recojo de Rosa Mavila la idea de la Constitución de los abuelos. La Constitución norteamericana permitió la esclavitud  y ahora tiene a un presidente de origen afroamericano y no se va a decir que porque fue una Constitución que permitió la esclavitud y fue firmada por Thomas Jefferson, que tenía esclavos, es una Constitución negativa. Al final de cuentas lo que ha importado es el contenido y de cómo lo que está en el texto ha sido interpretado en el tiempo. La Constitución del 93 tiene incorporado un cuerpo interpretativo emitido por el Tribunal Constitucional con sentencias que gustan y disgustan; no solo tiene estructura ósea sino que tiene musculatura interpretativa, y eso la hace mucho más difícil de modificar.

Hacer una nueva Constitución significa hacer tabú la raza en cierta manera y tener que ir a una nueva jurisprudencia, lo cual iría en detrimento del proceso interpretativo logrado. Estamos en un momento de incertidumbre constitucional que se debe despejar rápidamente.

De la Puente: Todo cambio genera incertidumbre.

Altuve: Creo que lo que se debe tener presente es si se va a ir al todo o a la parte para dar seguridad  jurídica, tanto para el gobierno como para la economía. Lo digo por la situación internacional. El camino de la discusión y el momento fue el año 2001, Valentín Paniagua  logró su victoria política porque utilizó el instrumento constitucional –identificado como del régimen fujimorista– para acabar con el régimen fujimorista.

Víctor Andrés García Belaunde: Precisiones a lo que ha dicho Fernán. En Acción Popular creíamos que la Constitución de 1979 debía restituirse porque la del 1993 fue hecha para la reelección, porque la del 79 es 80% igual que a la del 93. Además, la del 79 tuvo una mejor redacción. La estructura de la del 79 es moderna y diferente a las anteriores, creó el Tribunal Constitucional, las garantías individuales, el Consejo Nacional de la Magistratura, dio estructura al JNE, hizo independiente al Ministerio Público, habló de economía social del mercado que lo puso Ernesto Alayza Grundy, un socialcristiano pero en eso liberal; él puso el término economía social de mercado. La derecha económica peruana está  feliz con la Constitución actual, no quiere que se toque –básicamente–  la parte económica, no le importa el resto como la reelección y las instituciones. La discusión es el tema económico. El referéndum del  93 se aprobó con 3 millones 895 votos; dicen que el “sí” fue el 52,8% y el “no” 47,7%; fue con las justas. Pero esos 3 millones y pico es el 33% del universo de los que debían votar. Como decía Paniagua, hay que despejar la incertidumbre constitucional.

De la Puente: ¿Eso significa volver a la del 79?

García Belaunde: En Acción Popular creemos que se debe volver a esa Constitución, pero han pasado muchos años y volver sería complicado y habría una incertidumbre permanente. Hay que hacer reformas.  Ahora, me llama la atención que los que quieren volver a la Constitución del 79 son los que no la firmaron. Treinta y tres no firmaron esta Constitución de economía social de mercado que se aplica ahora en Alemania; ellos decían que era liberal. La derecha saca unas cifras para defender esta Constitución, pero la Constitución de 1993 es la que mejor resultados tiene porque del año 1950 a 1969 el Perú creció 5,5% de promedio en 20 años y entre 1979 y 1992 solo se creció un punto. Pero Fujimori terminó con cero de crecimiento el año 2000. El crecimiento aumentó con Toledo a 5% de promedio y con García 7% de promedio. Con la del 1933 el Perú era igual a Chile.

Alberto Beingolea: Quiero reivindicar que Ernesto Alayza era socialcristiano y no liberal. No es este un momento constituyente; el tema se plantea por el debate político y después del discurso presidencial que ha puesto dudas. En cuanto a la reforma de la Constitución, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho y lo dicho por el ministro Francisco Eguiguren, que nadie puede pretender que las constituciones sean inamovibles e intocables. Las constituciones no son eternas y la actual prevé las formas de modificación. Tenemos temas más importantes que la reforma de la Carta Magna. Sí dejo constancia de que en el PPC hemos considerado a la Constitución del 79 como una hija y nos sentimos orgullosos de lo que aportaron los pepecistas  en acuerdo con gente del Apra  y de  izquierda. Participamos en el Congreso Constituyente Democrático (CCD) para luchar contra la dictadura desde ahí y después hicimos campaña por el no; Lourdes Flores hizo un dictamen en minoría. Dicho esto, sería una locura regresar a la Constitución del 79. En cuanto a cambios, no creo que sea momento de entrar al debate, lo será cuando tengamos una idea más clara del gobierno.

LOS CAMBIOS: MODELOS PARA ARMAR Y DESARMAR

Los expertos invitados por La República coinciden en que no hay nada intocable en un texto constitucional. No hay consenso, sin embargo, para abordar cambios económicos aunque sí algunos políticos. Apuestan por cJuan De la Puente: Por lo que se ha dicho, creo que se reflexiona bajo el criterio de que no hay momento constitucional,  pero sí incertidumbre; al fin de cuentas, un problema que debe ser enfrentado. Rosa (Mavila) y Víctor (García Toma) dicen que el espacio de la reforma se ubica por el lado de derechos, aspectos económicos y algunos quehaceres estatales. Fernán (Altuve) ha sido preciso en señalar cambios políticos, sociales y económicos. No sé si podríamos avanzar en el qué.

Rosa Mavila: Lo que pienso es que el debate constitucional no es un tema taxativo sino de interpretación. Sobre la subsidiariedad, para algunos es un dogma y algo que no se puede tocar. Esto va contra la teoría constitucional, que aconseja una permanente mejora. El debate sobre la subsidiariedad no debe ser para cambiar el texto expreso sino para ver cómo opera. Algunos dicen que el Estado no debe intervenir para nada en la economía y ese argumento  para mí es errado. La subsidiariedad  puede ser un principio orientado a que los de abajo tengan acceso a los servicios básicos. No se puede  interpretar la Constitución para proteger a los monopolios.
Víctor García Toma: Cuando se habla del momento constituyente se habla de un suerte de reclamos de los sectores que dieron batalla contra el CCD del 1993, porque no había razón para cambiar la Constitución. En el periodo fujimorista esa Constitución no existió, fue recurrentemente  violentada. La Constitución de ahora, primero porque ha sufrido 27 reformas y tiene un centenar de jurisprudencias del TC. Entendamos que la Constitución del 93 no es la que defiende Martha Chávez, ese espíritu ha sido desgajado.

Carlos Castro: Y entonces, ¿cuál es la polémica económica?

García Toma: En el tema económico los puntos en controversia son tres: los contratos-ley, hay gente que está en contra, pero este gobierno se ha comprometido a respetarlos  y tiene el derecho a no suscribir uno nuevo, eso está parcialmente resuelto y si no, se puede dictar una ley. Luego, la subsidiariedad: no estoy en contra de más Estado pero no de este que es corrupto e ineficaz. Lo tercero, es la igualdad de trato a la inversión privada nacional y extranjera, y me parece que está bien. Ahora, no  creo que el debate solo debe ir por el Parlamento, debe ser más amplio porque el Parlamento hoy no representa en términos conceptuales la opinión de la ciudadanía porque no hay sistemas de partidos y la sociedad civil debe tener derecho a participar.

De la Puente: Tenemos dos modelos a la vista, grandes cambios, uno el político- económico y social y otro sobre derechos y quehaceres estatales y económicos. Víctor dice que se debe discutir el tema de contratos- ley, subsidiariedad,  igualdad de trato a las inversiones nacionales y extranjeras.

Fernán Altuve: Tiene que haber una discusión abierta en todo. Tenemos que ver el tema de los monopolios que se han ido quedando en la agenda; tarde o temprano van a crear un problema y tienen que tener una regulación. Víctor (GT) tiene razón cuando dice que el Parlamento no puede ser el único espacio del debate. Puede haber  Foro Constitucional  donde participen representantes de partidos, Comisión de Justicia, los Colegios, el Acuerdo Nacional, entre otros. Hay que definir temas y ponernos un plazo, puede ser uno o dos años y una fórmula de modificaciones para fortalecer lo que se ha hecho en jurisprudencia y doctrina. Creo que en lo político es muy importante la bicameralidad, creo que hay un déficit de representación, por cantidad.

Mavila: Esta conversación nos lleva a la necesidad de un Centro de Estudios Constitucionales como el de otros países, donde se combinan propuestas del Poder Legislativo y del Ejecutivo; es el escenario donde se traza un debate de alto nivel que después son políticas gubernamentales. Sobre el voto preferencial, desde ojos de mujer digo que hemos llegado por ese voto, creemos que si se deroga se debería garantizar el sistema de alternancia para evitar la masculinización de la política. Nosotros sí creemos en la bicameralidad; el Senado es una cámara de alto nivel de debate y creo que hay que reivindicarla en ese sentido.

Víctor Andrés García Belaunde: Creo que acá el tema es económico porque la derecha anda preocupada por los cambios, y de alguna manera con las reformas políticas del Estado que no se han hecho. Es peligroso que el debate esté en la calle y no en las instituciones. Está mal que las instituciones estén de espaldas al debate de la calle. En cuanto al voto preferencial, es un tema de leyes más que del rango constitucional. La ventaja de la Constitución del 93 es que es una Constitución más reducida. Lo que haría sería una mixtura de las dos, con el Preámbulo del 79 y texto del 93. La Constitución de hoy ni siquiera tiene firma. El capítulo económico fue preparado con el borrador del Banco Mundial. En la del 93, el PPC le dio legitimidad, Ramírez del Villar criticó eso. Chirinos Soto dice que algunos quisieron cambiar la santidad del contrato-ley y dijo que Renovación y el PPC  se negaron eso. Los contratos-ley no tenían por qué figurar en la Constitución porque es una camisa de fuerza que le da casi impunidad a los contratos que firma el Estado con funcionarios ineptos, corruptos o ignorantes; además, llevan addendas; estas deberían tener un sustento técnico. El contrato de LAP en el aeropuerto Jorge Chávez tiene 14 addendas y nadie dice nada.  Con la Constitución del 79 se podía expropiar la banca, con las del 93 también, ¿Cuál es el problema?  En el caso de los bienes públicos, la Constitución del 79 dice que los bienes públicos cuyo uso es  de todos no son objeto de derecho privado. El Parque de los Próceres se ha alquilado por diez años y Collique se ha rematado, es que la Constitución del 93 dice que los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley para su aprovechamiento económico.

Alberto Beingolea: Nosotros, en el PPC,  tenemos la práctica de estar en los debates constitucionales, a diferencia de Acción Popular que está desapareciendo de la historia constitucional de la República. No estuvo ni en la de 1979 ni en la del 93; nosotros estuvimos en la del 93 para dar la lucha. Insisto que no creo que sea momento para el debate.

Castro:  ¿No hay una decisión de ir a una reforma en partes? Ustedes están proponiendo retornar al Senado.
Beingolea: Sí, yo creo que una Constitución puede ser permanentemente cambiada y modificada, pero otra cosa es que se tenga que hacer una gran reforma de la Constitución. Sí reconozco que lo estamos debatiendo. Nosotros tenemos dos proyectos; el primero es sobre la bicameralidad pero las reformas políticas no terminan ahí.

De la Puente: ¿Y la eliminación del voto obligatorio?

Beingolea: Es otra reforma que estamos planteando, pero quiero recoger lo que dice Rosa (Mavila), que si se elimina el voto preferencial se debe buscar otro mecanismo para dar un espacio al proceso democrático interno de los partidos. Tengo la impresión que no habría que hacer muchas modificaciones a la Constitución. No hay ninguna necesidad de meter la mano al capítulo económico.

García Toma: El proceso de reformas no parte de la voluntad de un Parlamento, de una célula o de presentar un proyecto. Lo primero que se debe hacer es presentar el tema y generar consenso; si no tenemos claro qué aspectos de la reforma vamos a plantear  podemos incurrir en que la señora Constitución se parezca a Jennifer López. Pero que con los parches termine como una Laura Bozo. Cambios que sean fruto de un debate nacional.

LOS PLAZOS, el modelo de reforma y el foro constitucional

Los participantes en el debate se afirman en la idea de avanzar en la reforma constitucional desde lo posible, que parece ser la parte política y la reinstalación del Senado, en referencia a la estructura del Estado. Quedan matices sobre el papel de la  sociedad en el debate, aunque formalmente todos aceptan que los cambios no pueden discutirse en las cuatro paredes del Parlamento.

Juan De la Puente: Estamos entrando en una discusión, a propósito de la intervención de Víctor (GT), que es el modus operandi. Fernán (Altuve) ha dicho que un periodo de reformas no debería exceder el plazo de dos años, más o menos. Y Víctor (GT) dice que no es suficiente que lo haga una bancada.
Fernán Altuve: Creo en un Foro Constitucional, no es una reforma cerrada. Tiene que ser un espacio en el que participen personas de gobierno,  del Ejecutivo, del Poder Judicial, del Tribunal  Constitucional, el Congreso.

Carlos Castro: ¿Una comisión  al estilo de lo que hizo Paniagua?
Altuve: Ni lo que hizo Paniagua ni lo que hizo Pease, una desde el Ejecutivo y otra desde el Legislativo quedaron muy reducidas. Tiene que ser un foro abierto a la prensa, tienen que participar todas las instituciones que tengan algo que decir y los actores económicos de gremios y empresarios. Ese Foro Constitucional tiene que tener un plazo preciso y distinguir lo que tratará, es una instancia. Los partidos tienen que estar ahí.

Víctor Andrés García Belaunde:  He presentado algunos proyectos de ley a la Comisión de Constitución, a los que se han opuesto algunos congresistas del PPC, Javier Bedoya y Raúl Castro, como el del voto voluntario. Dije “hagámoslo para las elecciones municipales  y se  sentirá que la gente no participa para elegir a su alcalde”. Se podía empezar a ensayar el voto voluntario en las municipales. En el voto preferencial creemos que se debe mantener para la cámara baja porque los representantes son de las regiones y hay contacto directo. En el Senado debe permanecer el voto cerrado, por lista, de tal manera que los partidos puedan mandar a sus mejores cuadros por la orden de méritos partidarios. Hoy tenemos un Senado que es Consejo de Ministros, que desaprueba todo lo que hace el Congreso. Hay más de 300 proyectos de ley observados. El Senado tiene que volverse a crear. También tienen que hacerse correcciones en la Constitución sobre los gobiernos locales donde hay distinción, en el Perú hay cinco niveles  gobiernos: nacional, regional, provincial, distrital y consejos menores o centros poblados. Hay 2.200 gobiernos locales chicos, pequeños  y medianos, más que el Brasil, Estados Unidos, Colombia, México, eso es inaceptable, es un caos. Lima tiene 49 autoridades y 49 pequeños parlamentitos que son los regidores. Eso es la ineficiencia total. El Callao es provincia y región a la vez, en el mismo perímetro. Eso hay que corregirlo.

De la Puente: ¿Y sobre el Foro Constitucional?

García Belaunde: Hay que hacer un pequeño proyecto; todo está hecho,  Paniagua  y Pease lo hicieron. El Senado se frustró por Valle Riestra, quien quiso el senado funcional, y los nacionalistas, que pusieron como condición la modificación del capítulo económico, cuando eran cuerdas separadas.  Con los documentos  existentes plantear un proyecto de mejor redacción con ambas constituciones y presentarlos al Congreso. Un paquete lo más conciso posible y coherente, con un preámbulo del 79, que se apruebe en la Comisión de Constitución y pase al Pleno para tratarlo de aprobar.

Rosa Mavila: Creo que el escenario de afuera debe ser parte del debate constitucional, con invitados como las universidades, historiadores, políticos. Este es un escenario del que saldrá un debate. Insisto en la gradualidad.

De la Puente: ¿Estarías de acuerdo con los dos años par evitar la incertidumbre constitucional?

Mavila: Dos años me parece razonable. Diría a través de un Foro Constitucional, pero con secretaría ejecutiva. Pienso en gente como Víctor García Toma, Marcial Rubio, Alberto Borea, con una visión sistémica. Hay un asunto que es  la crisis de partidos, hay otro que tiene que ver con el fraccionamiento del régimen de partido que nos lleva a debatir, como democratizar las estructuras políticas, limitar  el gasto en campañas públicas por un principio de igualdad. Creo que se debe apostar por recambio generacional y democratización. También estoy desacuerdo en que un señor minero financie campañas de congresistas; se deben poner límites en el régimen económico y la participación política. Sobre el Consejo Económico Social, no creo que se vaya a disolver el Acuerdo Nacional; apunta a un espacio de debate sobre el proyecto económico y de concertación. El Acuerdo tiene una dinámica para todos los aspectos. 

Alberto Beingolea: Sí creo que se quieren tumbar el Acuerdo Nacional. No estoy en contra del Consejo Económico y Social, pero debería subordinarse al Acuerdo Nacional. También creo en avanzar en el caso de los partidos.

De la Puente: Pero ese es un asunto de legislación infraconstitucional.

Beingolea: De acuerdo, pero me parece fundamental fortalecer los partidos políticos, por ejemplo cuando se dice con ligereza que la reforma constitucional no la puede ver el Congreso porque no es representativo. Es el órgano por excelencia, de la representación. Si a veinte días de ser elegidos, los propios legisladores me dicen que no son representativos, entonces está todo de cabeza.

De la Puente: Sí, pero por dónde empezar…

Beingolea: No creo para nada esto de reivindicar la Constitución del 79. No podemos permanentemente llorar al pasado, tampoco creo que deba hacerse una Asamblea Constituyente o una comisión especial que trabaje a dos años o un año. Si hay un punto concreto a debatir, hagámoslo.

Rosa Mavila: La alternativa de un Foro Constitucional me parece adecuada.

Alberto Beingolea: Hagamos los foros que quieran, vamos a gastar  mucho en hacer grandes debates. Desde que tengo uso de razón en el país estamos acostumbrados a hacer foros, debates, simposios, gastamos un montón de plata, todos hablan y al final no se hace nada. ¿Por dónde empezar? Nosotros hemos planteado dos proyectos, si los nacionalistas tienen sus propuestas, que las hagan, pero sin dobles discursos o con una cosa grande para meter lo que quieren meter. 

Víctor García Toma: Está claro que el camino de la reforma pasa por el Congreso, pero no es el Congreso el ente que pueda generar los consensos; estos deben generarse desde abajo y desde afuera porque fruto de colapso de partidos políticos hoy tenemos todo tipo de partidos. Ese sistema de partidos no tiene legitimidad ante la ciudadanía aunque formalmente tiene que canalizarse la reforma por ahí.

Beingolea: Como discurso me parece lindo, pero cómo sé cuál es la voluntad de la ciudadanía si el Congreso es producto de la ciudadanía, de un proceso de hace dos meses. ¿Llamamos a los millones de peruanos a una plaza pública para que nos digan qué quieren?

García Toma: Por el momento te digo una cosa: si no escucho a Lourdes Flores no estoy escuchando al PPC.

Beingolea: Pero mira, lo dice un constitucionalista; para ver la deformación que tenemos los peruanos. Lourdes Flores va a ser presidenta del PPC hasta noviembre. Si lo dice una persona de este nivel estoy aterrorizado.

Fernán Altuve: Alberto, estamos hablando de dos cosas: del principio que tú defiendes y todos entendemos y Víctor habla de la real politik, de la política de lo real. Hay una representación parlamentaria que representa a la Nación, el punto es vamos a las encuestas, vamos a la percepción de la calle. Pasa que el Parlamento necesita un complemento de consenso social para llegar a esos acuerdos, y obviamente el paso de la formalidad es el debate de ustedes, que tiene una función que no es sustituible. Una vez que reciban el consenso de la sociedad, ustedes tomarán un acuerdo y aprobarán o no.

García Toma: El canal que decide es el Parlamento, pero esa decisión tiene que darse sobre la base de un consenso en el que intervengan los partidos políticos, la Iglesia Católica, la Confiep, la CGTP, sin eso no hay reforma.

Mavila: Creo que uno de los errores fundamentales del Congreso es que solo se ve por televisión el debate  de las leyes, pero no el proceso de gestación. En una visión democrática hay un debate nacional de leyes fundamentales, para mí eso tiene que ver con los regímenes político y económico. El tema es cómo los sectores cívicos participan en el debate constitucional. El debate previo se debe canalizar para luego tomar decisiones en el Congreso.

García Belaunde: Cómo y cuándo hacerlo; insisto, ha habido tres alternativas en el pasado reciente. Una, declarar la nulidad de la del 93 y se vuelva a la del 79, la otra es una reforma de la Constitución del 93 en dos legislaturas, lo que se ha hecho en 27 oportunidades, y la otra es que se haga un referéndum. Que una Comisión redacte a base de las dos constituciones con algunas pequeñas modificaciones y se someta a referéndum si el Congreso no quiere actuar, pero yo creo que el Congreso debe actuar, es el mecanismo normal. Que el Ejecutivo haga suyo este proyecto de modificación, lo más escueto posible, y que lo plantee como un proyecto para discutirlo y se evite la incertidumbre constitucional.

De la Puente: Alberto, ¿estás de acuerdo que se debata en la sociedad?

Beingolea: Este ya es un debate y así como este puede haber diez mil debates más en todos los foros posibles, pero se tiene que tener en cuenta que el Congreso es el lugar para hacer los cambios, tiene que tener el protagonismo.

Las 27 reformas constitucionales

Desde que fue promulgada en el año 1993, la actual Constitución ha tenido 27 reformas. Entre las  más importantes se pueden mencionar la eliminación de la reelección inmediata, el voto a los militares y la reforma del capítulo sobre la descentralización.

Las primeras modificaciones que se hicieron a la Constitución del 93 fueron sobre la Acción de Amparo y  Hábeas Data, en junio de 1995, pues afectaban ciertos derechos ciudadanos.

Con la llegada al poder de Valentín Paniagua –en el 2000– se hizo uno de los cambios más importantes: eliminar la reelección inmediata, consagrada en el artículo 112, de la que se valió el hoy condenado Alberto Fujimori para postular por tercera  vez.

Las siguientes modificaciones y precisiones se fueron dando en el transcurso de los años, aunque la mayoría se implementó en el 2002 y 2005. Por ejemplo, en el Capítulo II, De los derechos  sociales y económicos, se agregó un párrafo en el artículo 11: “La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de pensiones a cargo del Estado”.

Asimismo, en al artículo 31 (Capítulo III, De los derechos públicos y los deberes) se agregó que “Para el ejercicio de este derecho (el voto) se requiere estar inscrito en el registro correspondiente”. Además, se precisó que “La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana”.

Otra variación importante en ese capítulo fue la concesión del derecho a voto a los  miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Luego en el Capítulo IV, Del régimen tributario y presupuestal, se le otorgó a los gobiernos regionales la facultad de “crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley”. Asimismo, en el artículo 77, se precisó  que el canon que deben recibir las regiones será sobre el total de los ingresos y rentas obtenidas por el Estado.

En el artículo 87 se corrigió a la Superintendencia de Banca y Seguros  por Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

Respecto a la estructura del Estado, el cambio más importante ha sido elevar el número de congresistas de 120 a 130 (artículo 90), cuatro para Lima Provincias y los otros seis para departamentos de menor representación. 

Asimismo, en el artículo 107 (De la formación y promulgación de las leyes), se señala que los gobiernos regionales tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes.

Otros cambios importantes se dieron sobre  los presidentes regionales, pues se indica que, para postular a presidente de la República, vicepresidente, congresista o alcalde, estos deben renunciar al cargo seis meses antes de la elección. El mismo plazo se establece para los alcaldes que quieren postular a los cargos mencionados, además del de presidente regional.

El capítulo que ha sufrido mayor cambio es el de Descentralización, las Regiones y las Municipalidades –que consta de doce artículos, entre el 188 y 199. En él se modificaron normas para precisar el proceso de descentralización en cuanto al ordenamiento territorial, competencias y la transferencia de recursos, así como el manejo de su presupuesto.  La redacción de este capítulo se considera muy avanzada, debido a que define el proceso de descentralización como una política permanente, por etapas y progresiva.

Allí se señala, a través del artículo 188º que dice: “ La descentralización es una forma de organización democrática  y constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio,  que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El  proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales”.(Cortesía: Diario La República)