sábado, 13 de agosto de 2011

ACTUALIDAD…Sancionan a 500 jueces por irregularidades en procesos

Autor:
Lourdes Fernández (*)

Más de 140 magistrados recibieron amonestaciones, 107 fueron multados, y 15, suspendidos. Al menos 37 jueces son investigados por otorgar beneficios penitenciarios a reclusos peligrosos.

Alexander Villar Zapata (24), alias 'Negro’, pudo salir del penal San Pedro, ex Lurigancho, pese a que estaba procesado por el delito de homicidio. Días después de su excarcelación, asesinó de un balazo en el corazón, y a plena luz del día, a Julio Espinoza Fernández (25). Lo hizo, de acuerdo con su manifestación, por enamorar a su pareja en una discoteca de La Victoria. El juez que lo puso en libertad viene siendo investigado por la irregularidad del proceso que lo devolvió a las calles.

Juver Vargas Crespo, quien baleó a la pequeña Ariana Reggiardo, es otro de los hampones liberados por el Poder Judicial pese a sus peligrosos antecedentes.

Irregularidades de este tipo, así como las constantes demoras en los procesos, negligencias, inconductas funcionales (coimas), y hasta otorgamiento de beneficios penitenciarios a reos de alta peligrosidad, han sido detectados en los distintos juzgados del país.

Según la Oficina Nacional de la Magistratura (OCMA), en lo que va del año se ha sancionado a 753 trabajadores del Poder Judicial por cometer faltas que han afectado los procesos en curso y beneficiado a los acusados. Lo más sorprendente es que 501 de esas sanciones fueron para magistrados. El panorama es preocupante.

MALOS JUECES
Ejemplos de la mala actuación de estos letrados sobran. En abril último, el juez superior de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Carlos Alberto del Piélago Cárdenas, fue sancionado con la suspensión preventiva de su cargo. ¿El motivo? Dejó en libertad al militar Félix Hinostroza Pereyra, encarcelado tras ser descubierto violando a un menor de 12 años. El juez dictaminó que no existía peligro de fuga “por ser un militar conocido”.

La cifra de magistrados que actúa a favor de intereses, propios o ajenos, no deja de llamar la atención.La OCMA llegó a aplicar 1,962 sanciones en 2010 a funcionarios del Poder Judicial y 2,169 en 2009.

En lo que va de este año, 147 magistrados fueron amonestados, 107 multados, 15 suspendidos y 42 están con propuestas de destitución, es decir, podrían ser separados de sus cargos de manera permanente. El resto enfrenta diversos procesos. Más de 250 auxiliares y secretarios judiciales también fueron castigados.

El jefe de la OCMA, Enrique Mendoza, informó a Perú.21 que dicha entidad ha recibido más de 9 mil denuncias de ciudadanos por diferentes tipos de irregularidades ocurridas en los distritos judiciales del país. Sin embargo, manifestó, no todas pueden ser consideradas certeras, por lo que se debe investigar cada caso específico en un plazo aproximado de seis meses. “Los jueces deben empezar a asumir que, como autoridades, deben manejar criterios para aplicar sus dictámenes. No pueden seguir excusándose en la carga procesal”, sostuvo.

SIN BENEFICIOS
Otro de los grandes problemas que ha perjudicado al sistema judicial y colaborado con la inseguridad ciudadana es la gran cantidad de reclusos peligrosos que han sido excarcelados gracias a beneficios penitenciarios.

El titular de la OCMA señaló que desde marzo se ha abierto procedimiento disciplinario a 37 jueces penales por haber concedido beneficios de semilibertad y libertad condicional a sujetos quienes aún no se encuentran aptos para que se reintegren a la sociedad.

Solo en la Corte Superior de La Libertad, 21 jueces serán investigados por haber liberado, sin la debida justificación legal, a 270 delincuentes de alta peligrosidad en las ciudades de Trujillo, Chepén y Pacasmayo. Precisamente, las zonas del Norte con más incidencia de delincuencia. También serán investigados seis magistrados de la Corte de Chiclayo, seis de Lima y cuatro del Callao.

En estos dos últimos casos, los hampones puestos en libertad estaban siendo procesados por los delitos de tráfico de menores, extorsión, violación sexual, homicidio y hurto agravado.

¿MANO DURA?
Según Mendoza, una de las soluciones para esta problemática es la derogación de la refundición de penas, la cual permite que un delincuente con varios procesos penales pueda unificarlos y recibir una sentencia solo por el delito más grave.

Por su parte, la abogada del Programa Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL), Cruz Silva del Carpio, manifestó que la principal traba está en el mismo Poder Judicial. Silva refiere que no sirve de nada que la OCMA investigue y sancione a los magistrados cuando el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) aplazará las amonestaciones. “Se podría decir que existe un espíritu de cuerpo, y esto 'retrocede’ el trabajo de fiscalización”, subrayó.

La letrada opina que urge un trabajo de coordinación entre las máximas entidades del sistema judicial para que se aplique mano dura contra los malos magistrados.

(*) Periodista

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